El presidente de la Asociación Civil de Actividades Médicas Integradas (ACAMI), Hugo Magonza y miembro del Consejo Directivo de UAS, vislumbra un pronto colapso de la salud privada, si no se modifican drásticamente las condiciones y regulaciones. Fue en el marco del congreso anual de salud, en Rosario.

Obras sociales y prepagas, que en conjunto atienden al 65% de la población, enfrentan una situación por demás compleja, como resultado de una sumatoria de factores que incluyen la pérdida de afiliados producto de la crisis económica, el alto precio de las drogas y medicamentos cuyo verdadero costo nunca se conoce, la rotura del principio de solidaridad que regía al sistema hasta la sanción de la Ley 26.682 de 2011 y los abusos que el sistema sufre en materia del   gasto en discapacidad social.

Magonza hace una comparación contundente. “Desde 2011, cuando se sancionó esta ley de regulación de las EMP a la fecha, las cuotas de las prepagas aumentaron 840 %, el convenio colectivo de trabajo, proyectando la paritaria  de 2019 al 900 %, mientras que el IPC aumentará el 1025 % (suponiendo una inflacion del 50%), el dolar (si se mantiene en los 57 pesos) será  1250%  que referencia de la mayoría de los insumos,  bajo estos supuestos el costo de salud rondará 1300%. Suponiendo que nos autorizaran a aumentar en función de los costos, ¿qué bolsillo podría afrontar eso?”

Por otra parte agrega, que “hay desmitificar que el incremento de las EMP es el que impulsa el costo de vida”. Considerando la propia estructura del INDEC (y aún siendo discutible) los incrementos ha aportado al IPC, en todo este período 25%. aumentado 0 (cero) desde el 2011, el costo de vida sería del 1000%  en lugar de 1025%.

La salud es la única actividad que tiene regulados sus precios y desquiciados sus costos. 

Además, otras de las cuestiones que agravan la situación, para Magonza, es consecuencia de la Ley 25.865, donde se impulsa un modelo de “solidaridad mal entendida”. “Esta  ley reglamenta el monotributo social, mecanismo por el cual el estado le transfiere a la seguridad social la atención de personas que nunca habían aportado al sistema, con lo que desfinancia a las obras sociales. En teoría cualquiera, con un aporte mínimo, mucho menor al de un trabajador formal,  accede a una cobertura. Pero lo que ocurre en muchos casos, es que recurren a él quienes tienen patologías severas, sin utilizar la atención del  Hospital Público, al que tienen derecho constitucional, recayendo los costos de  la atención  relación de dependencia.  

Los equilibrios financieros de las entidades, sostiene Magonza, no dependen sólo del volumen de afiliados sino de que se mantengan determinadas relaciones  de equilibrio entre los beneficiarios de estas coberturas. “El éxodo de socios producto de la crisis, en las prepagas y obras sociales, representa un perjuicio doble. El más evidente es la caída de la facturación, pero esto también afecta el principio de solidaridad. ¿Quiénes se  pueden permitir vivir sin cobertura?.. Solo los sanos y jóvenes, que son los que deberían subsidiar con su aporte a enfermos y mayores, con la expectativa de recibir el mismo beneficio en un futuro. La crisis rompe ese equilibrio. Quedan los mayores y enfermos, sin la contraparte que hace sustentable al sistema”.

Por otro lado agrega: “el 80% de los prestadores están viviendo una  crisis desde hace años y  muchos de ellos incapacitados de cumplir con el pago de las cargas sociales y los salarios en tiempo y forma.

Y aporta que “el sistema de salud nunca renegó de la atención médica del paciente discapacitado” pero ahora se han  incorporado prestaciones sociales que no tienen nada que ver con la cobertura sanitaria, algunas pueden sonar absurdas pero cuentan con aval judicial, como asfaltar el acceso a la vivienda, realizar reformas edilicias, prácticas de rehabilitación sin evidencia científica como la equinoterapia, cuota de colegios privados y  traslados, entre otros muchos  ejemplos. De seguir en este rumbo, a principio de año se estimaba que estos gastos consumirían el total del fondo de redistribución de la seguridad social”.

Desde 1996, a partir de que la ley obliga a las empresas de medicina privada a cubrir el PMO, el sistema que conocemos comenzó a deteriorarse progresivamente, desde ese momento el PMO ha pasado de ser de un techo a un piso prestacional, lo que significa que en Argentina no hay nada en salud que no sea pasible de estar cubierto, incluyendo prestaciones que son de carácter social o de índole diagnóstica o terapéutica sin la suficiente evidencia científica que avale su implementación.

Medicamentos innovadores de altísimo precio y costo desconocido, sin posibilidades de negociar precio.

El sistema de salud privado, de la seguridad social y también el público , van desaparecer tal cual lo conocemos, Las coberturas no tienen límite y aún no existe una agencia de evaluación de tecnologías de salud que dictamine si corresponde otorgar una cobertura determinada, y tampoco existe desde el Estado, alguien que evalué que un determinado medicamento y aun siendo eficaz no lo  recomiende para  su cobertura, tomando esta decisión basado en el análisis del beneficio que éste genera comparando los beneficios potenciales de estos mismos recursos aplicados al tratamiento de otras enfermedades. Dicho de otra manera en un ámbito donde los recursos son escasos, es el  Estado quien debe velar por el “mayor bien social”  aplicando criterios de costo de oportunidad.

Además, en el año 2011 se aprueba la ley de regulación de medicina privada, que modifica los contratos entre partes. Esta norma obliga a las empresas incorporar pacientes con enfermedades preexistentes y adultos mayores, a una edad mayor a la que el sistema no lo permitía originalmente. Al modificar las reglas del sistema se ha generado un proceso de solidaridad compulsiva de los que estaban dentro del sistema para los que estaban fuera este.

A partir de los años ´90 se han promulgado 30 leyes que dan cobertura por enfermedad o por especialidad. Lo que ninguna de esas leyes prevé es cómo se van a financiar esas coberturas, y en todas han hecho responsable automáticamente a la seguridad social y al sistema privado, la creación de este tipo de normas conspira contra la puesta en marcha de un plan nacional de salud, universal, solidario y equitativo.