Hay que terminar con el canal ilegítimo y exigir, además de infraestructura y
equipamiento, condiciones éticas al propietario del establecimiento que produce y/o
comercializa fármacos. Es indispensable respetar la función del farmacéutico.
Delincuentes vestidos de empresarios, falsas droguerías, jóvenes ambiciosos muertos,
dirigentes encarcelados y funcionarios procesados confirman que en Argentina existen
mafias de medicamentos.
Los remedios ilegítimos, que en Argentina representan 11% del total, pueden ser
falsificados, igual que jeans, zapatillas o perfumes de marca; adulterados, cuando se
les agrega o quita componentes o se les cambia rótulos o fechas de vencimiento, o
defectuosos, cuando les falta calidad o son robados.
Inyecciones de hierro (Yectafer®) adulteradas y partidas enteras de medicamentos de
uso masivo (Amoxidal®, Buscapina®, Sertal®, Alplax®, Rivotril® o Viagra®) robadas o
falsificadas, son noticias corrientes.
A los escasos culpables que encuentran le dictan “Probation”. Casi un chiste
considerando la gravedad del delito.
Remedios de alto costo y baja incidencia (ACBI) para sida, cáncer, hemofilia o
trasplante, fueron -y siguen siendo- falsificados y/o adulterados, cambiando número de
lote y fecha de vencimiento. Se revenden productos comprados en licitaciones, se
fraguan troqueles e imitan recetas.
Periódicamente la Administración de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica
(ANMAT) dispone el retiro de lotes y partidas de medicamentos por estar adulterados
o con fallas de calidad.
Se sabe que, todas las semanas, bandas bien organizadas vacían una farmacia o
roban un camión completo de medicamentos, valuados respectivamente en 400 mil y
900 mil pesos cada uno.
¿Qué pasa con los remedios “truchos”?
¿Se recuperan y destruyen? ¿A dónde van a parar? ¿Quién descarta los vencidos?
Las pruebas indican que los medicamentos ilegítimos alimentan el canal conformado
por kioscos, supermercados, gimnasios, estaciones de servicio y restaurantes.
También se ofrecen por Internet a través de unas 300 páginas y se envían por correo.
Este canal no existiría sin la complicidad de algunos productores de especialidades
medicinales, tentados por ubicar sus productos no solo en las 12.000 farmacias, sino
también en unos 60.000 kioscos, 25.000 supermercados, 4.000 estaciones de servicio
y 3.000 gimnasios. Tampoco sería posible este circuito paralelo si la industria
farmacéutica estuviera un poco menos preocupada por vender sus productos que por
la salud de la gente.
Mucha gente compra medicamentos en estos ilegítimos lugares. Ponen en riesgo su
salud y vida con productos de dudosa calidad, sin recibir a cambio ningún
comprobante de compra, sin garantía de resultados, ni posibilidades de reclamar por
algún problema de salud que pudiera ocurrir tras usar los productos. Creen que son
una “ganga” al comprarlos baratos o sin necesidad de receta.
Alrededor de 60% de los medicamentos que circulan por el canal paralelo son
ilegítimos. El mercado de los ilegítimos viene siendo denunciado sostenidamente por
colegios, confederaciones y sindicatos de farmacéuticos. Pasó de un reducido 3% del
total en 2000, a un 5% en 2004, 9% en 2006 (reconocido por ANMAT), 10% en 2009 y
11% en 2017. Mueve 2000 millones de pesos anuales.
Existen denuncias de que varios laboratorios reconocidos no destruyen los
medicamentos vencidos que les devuelven las farmacias y los reinsertan al mercado.
Cualquiera es dueño
La figura del Farmacéutico parece decorativa. Solo 15% de las farmacias, 3% de las
droguerías y 1% de los laboratorios son propiedad de éstos. Muchos propietarios no
respetan la palabra del profesional. Compran y venden sin su autorización, no les
pagan dentro de su convenio laboral y los reemplazan ante la menor discrepancia. Pero
con sus decisiones lo arrastran a causas penales y sanciones en su matrícula.
Los empresarios, pequeños, medianos o grandes, tienen el principal interés de la
rentabilidad del negocio. El poco respeto a la toxicidad y riesgos de los medicamentos
suele evidenciarse en decisiones que anteponen lo comercial a lo sanitario.
Descuentos inverosímiles, promociones 2×1 y publicidades engañosas de efectos
incomprobables.
Que muchas farmacias se parezcan más a un shopping que a un centro de salud,
también es mérito de comerciantes que confunden modernidad con “viva la pepa”.
Resulta increíble que personas vinculadas con el narcotráfico, hayan sido o sean
dueños de farmacias, droguerías y laboratorios. Más inadmisible es que estén
vinculados con intendentes y otros funcionarios públicos.
En el 2000 no eran más de 90 las droguerías habilitadas, hoy superan las 400. Una
droguería debería poseer infraestructura y logística suficiente para almacenar y
distribuir productos sanitarios a farmacias y hospitales. Sin embargo, han aparecido
droguerías en espacios reducidos a una oficina comercial o a una casilla postal.
Además de infraestructura y equipamiento, deberían exigirse ciertas condiciones y
antecedentes a quien pretenda ser propietario de un establecimiento que ha de
producir y/o comercializar drogas. Un código de ética para el propietario sería lo
correcto.
No pido que la propiedad vuelva al farmacéutico como era antes de 1990, no es
solución. Pero sí que se respete su opinión profesional. Son reiteradas las quejas del
director técnico que dice recibir presiones cuando intenta cumplir su función. Si exige
la receta, pide comprar solo a proveedores confiables o instruye al personal a su cargo
para que cumpla la ley, el dueño contraataca “mire doctor que si no se vende no podré
pagarle su sueldo…”. El caso de la farmacéutica que debió renunciar porque ni
siquiera la dejaban entrar al local es el colmo de la impunidad de algunos capitalistas.
El máximo responsable de la farmacia es el profesional farmacéutico. Un “experto en
medicamentos” que estudia 5 años de universidad; por eso, su opinión y decisiones
técnicas deben ser acatadas por el bien de la salud. De poco sirve que esté en el lugar
si no se le hará caso.
Las cámaras o asociaciones de propietarios deberían colaborar para que sus
asociados actúen con ética. Un verdadero empresario hace negocios en el marco de la
ley, nunca fuera de ésta y jamás sin respetar la opinión del profesional.
Política
Urge una política de medicamentos que asegure la cadena de comercialización de
fármacos: el laboratorio productor vende a la droguería (las verdaderas, no las
truchas) o distribuidora mayorista, y ésta a la farmacia, que es la única que puede
venderle al ciudadano. Como el Ministerio de Salud solo tiene facultades para
controlar estos establecimientos, deben sacarse los remedios de otros lugares no
autorizados.
Debe ratificarse la venta de medicamentos exclusiva en farmacias y prohibir a la
farmacia vender cualquier producto que no sea sanitario. Nada tienen que hacer los
medicamentos junto a papas fritas, regalos o golosinas. Hay terminar con biblia y
calefón!
Urge un sistema nacional de trazabilidad que asegure el origen y permita conocer la
ruta que sigue un medicamento desde que se produce hasta que se consume.
Los medicamentos fabricados en Argentina son de calidad, pero deben
comercializarse por una vía controlable y hay que encarcelar a quienes los falsifiquen,
desvíen o adulteren. El problema con los remedios también está vinculado con la
forma en que se recetan, dispensan o toman. Pero ese será otro capítulo.
Marcelo Peretta
Doctor en Farmacia y Bioquímica, UBA
Secretario General Sindicato Argentino de Farmacéuticos y Bioquímicos – SAFYB
Secretario de Salud 62 Organizacion